Catástrofe y política: una infrahistoria

Ilán Semo
La tragedia del Istmo. El sismo del 7 de septiembre pasado afectó vastas zonas de Oaxaca y Chiapas, en particular a las situadas en la zona del Istmo. Los informes hablan de que tan sólo en Juchitán más de 30 por ciento de las viviendas son ya inhabitables, además de las que se derrumbaron en la noche del terremoto. La devastación alcanzó a las poblaciones circundantes. En la Laguna Superior, que bordea los asentamientos de pueblos huaves e ikoot, en la región de San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Santa María del Mar y los municipios aledaños de Unión Hidalgo, la destrucción fue prácticamente completa. Los reportes informan de 500 escuelas dañadas en toda la zona y un sinnúmero de edificaciones históricas que se vinieron abajo. En Chiapas, la situación parece más grave aún. En los municipios de Tonalá, Villaflores, San Cristóbal de las Casas, Cintalapa y Jiquilpan hay más de 55 mil casas afectadas, de las cuales más de 17 mil colapsaron por completo. Toda la infraestructura elemental sufrió severos daños: hospitales, escuelas, carreteras, gasolineras, puentes, tiendas de autoservicio, silos, estaciones de camiones, iglesias, edificios de gobierno.

Han transcurrido prácticamente tres semanas y la intervención gubernamental ha sido casi nula. A una semana del día 7, ese casi se tornó ominoso, por no decir siniestro. Todo el apoyo se redujo a unas cuantas despensas entregadas por el Ejército. La intervención para la búsqueda de sobrevivientes se redujo a cero, ni hablar del mínimo equipo para reanudar las actividades más elementales. Lo más grave: el paso a los miles de brigadistas y ciudadanos que se disponían a ir a la zona a ofrecer su solidaridad fue bloqueado por las fuerzas públicas. Se puede entender que una catástrofe desborde a un gobierno, pero no que impida que su sociedad acuda a sus propias emergencias. Las zonas de devastación han sido así acordonadas y aisladas. Doble tragedia: la que impuso la naturaleza y la que ha impuesto el Estado.

A partir del 8 de septiembre, no faltaron, por supuesto, los viajes presidenciales, los minitours de los gobernadores, las selfies de los secretarios con los escombros de fondo. Todo para afianzar la imagen de un gobierno hipotéticamente preocupado, que gasta un millón de pesos cada hora, es decir, un millón de dólares diarios en su autopromoción. Preocupado tan sólo en su propia imagen, porque las únicas noticias fieles que llegan del desastre se deben a las redes sociales. Una vez más, las televisoras, la mayor parte de la radio y la prensa –con excepción de los tres o cuatro valiosos medios que suelen subvertir la omertà pública– han urdido un cerco informativo. Se informa ahí donde llegan las tropas y el aparato oficial, o Peña Nieto gesticula algún discurso, o un gobernador reparte despensas. La historia y la memoria nunca van de la mano. Si algo mostró la crisis posterior al terremoto de 1985 fue que manipular –o intentar capitalizar– el dolor humano para promover la escenografía oficial es la vía más directa hacia el agravio. Y las consecuencias del agravio resultan siempre inescrutables.

Como explica Judith Butler en Marcos de guerra, negar o tratar de ocultar la dimensión de una tragedia no hace más que convertir a la vida precaria en una vida irreparable. Expulsadas de los marcos de visibilidad, las propias comunidades del Istmo han sido las que han recuperado a sus muertos, organizando formas inéditas de comunalidad e impidiendo el ingreso de la autopromoción política a su hábitat. Esas mismas comunidades que durante años se han opuesto a los proyectos extractivistas. Una infrahistoria que todavía está por escribirse.

El colapso del centro. El terremoto del 19 de septiembre afectó a toda la zona centro del país. Los informes reportan daños y pérdidas gravísimas en poblaciones de Morelos, Puebla y Tlaxcala. En la Ciudad de México la devastación adquirió proporciones que aún desconocemos. Tan sólo en las colonias Del Valle y Narvarte se derrumbaron más de 10 edificios y otros 40 han sido acordonados para su desalojo. Edificios construidos, en su mayor parte, al ritmo de la voracidad de las constructoras –y los corrompibles delegados– que infringieron todas y cada uno de las normas de construcción antisísmicas establecidas después de 1985. Todo lo que puede caer, cae, reza una de las máximas del viejo manual de Peters para volver a la vida algo menos impredecible. Hoy la corrupción ya cobró centenares de vidas e hizo colapsar para siempre miles de historias individuales y familiares.

Lo extraordinario, lo que habla de una sociedad capaz de restituir sus lazos más profundos, es decir, una sociedad que reacciona frente al dolor y la pérdida sufrida por los otros, son los miles y miles de ciudadanos y brigadistas espontáneos que concurrieron a las calles para rescatar la vida ahí donde parecía imposible hacerlo. Desbordado por la catástrofe, el gobierno local no tuvo más que aceptar la acción de la ciudad solidaria. Pero gradualmente ha vuelto a la ciudad cercada, a las zonas de pacificación y acordonamiento.

¿Un 85 nacional? Si se toman en cuenta los efectos de los huracanes y los terremotos, la pregunta es si no nos encontramos ante el umbral de una crisis humanitaria de las dimensiones de la que ocurrió en 1985, sólo que a escala nacional. Nada de esto parece, sin embargo, perturbar a los corrillos de la sociedad política. La Presidencia y el Congreso siguen mudos, inmóviles. Como si la menor iniciativa o discusión pudiera contribuir a hacer pública su propia inmovilidad.

Hace algunos meses, el gabinete fue reunido en pleno sistemáticamente para urdir el mayor fraude electoral de 2017 en el estado de México. ¿No podría reunirse al menos una sesión para discutir la situación actual?

Aniversario. La Jornada cumple 33 años de existencia en estos días. Uno de los pocos medios que han convertido en vocación la voluntad de resistir al silencio, la indiferencia y el acoso y la persecución del periodismo. Enhorabuena, ahora que más se le necesita.

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