Celebran el fallo contra Otto Pérez

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Guatemala. El Congreso de Guatemala retiró este martes la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, acusado de ser uno de los dirigentes de una trama de corrupción conocida como La línea, en la que empresarios pagaron millonarios sobornos para evadir impuestos aduaneros. La fiscalía pidió el arraigo del gobernante, que será sometido a proceso en un tribunal del orden común.

El juez Miguel Ángel Gálvez concedió el arraigo y prohibió a Pérez Molina salir del país.

Los 132 diputados presentes en la histórica sesión, muchos de ellos oficialistas, votaron a favor de retirar la inmunidad a Pérez Molina; hubo 26 ausencias. Eran necesarios al menos 105 votos.

Se declara con lugar el retiro de la inmunidad del presidente, anunció el diputado opositor Carlos Herrera, secretario de la junta directiva del Parlamento, lo que fue celebrado de inmediato por decenas de manifestantes afuera del Congreso unicamaral, mientras automovilistas hacían sonar las bocinas de sus vehículos.

El Congreso regresará ahora el expediente a la Suprema Corte de Justicia, que lo remitirá a un tribunal del orden común, el cual podrá solicitar la detención de Pérez Molina, que sigue siendo presidente del país pues no hay nada que se lo impida, a menos que decida dimitir, como lo han exigido varios sectores de la sociedad.

La decisión del Congreso ocurre una semana después de que la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país, solicitó al Congreso iniciar el procedimiento de antejuicio (retiro de inmunidad) contra el gobernante, con base en una investigación realizada por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con la investigación, revelada el 16 de abril, Pérez Molina, general retirado de 64 años, fue acusado de liderar La línea, red de defraudación a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El 21 de agosto, ambas entidades presentaron una denuncia ante la CC, que solicitó al Congreso iniciar el procedimiento de antejuicio contra el gobernante.

Según los peritajes de la fiscalía y de la Cicig, que incluyen miles de escuchas telefónicas y pruebas documentales, el prófugo Juan Carlos Monzón, secretario privado de la ex vicepresidencia Roxana Baldetti, ejercía el control de la organización criminal.

Pérez Molina y Baldetti daban las órdenes para poner personal en puestos claves que les permitieran tener el control total de la SAT y beneficiarse de los sobornos. De acuerdo con la investigación, quienes necesitaban de sus servicios recibían un número telefónico denominado La línea. El caso precipitó la renuncia de la vicepresidenta, quien guarda prisión preventiva.

Aunque Pérez Molina ha negado que haya tenido algo que ver con el fraude, manifestó que respetará el fallo del Congreso y enfrentará la justicia, dijo el portavoz presidencial Jorge Ortega. El presidente está consciente del nuevo escenario, que no era el más deseado pero era muy probable… Ha dicho que va a ser muy respetuoso y va a someterse al imperio de la ley, indicó.

Decenas de miles de personas exigieron en los últimos meses la renuncia de Pérez Molina, quien hasta este lunes había rechazado dimitir. Ese mismo día su abogado César Calderón presentó un recurso de amparo ante la CC para detener el proceso legislativo que buscaba retirarle la inmunidad. El tribunal se pronunciará a más tardar el jueves; no quedó claro si el fallo tendrá efecto retroactivo.

Guatemala celebrará elecciones presidenciales el próximo domingo 6 y el ganador asumirá el 14 de enero. La ley guatemalteca estipula que el presidente debe cesar en el cargo si un juez ordena su prisión preventiva.

El gobierno ha sido señalado también en otra serie de casos de corrupción en la gestión de Pérez Molina. Entre ellos figura la sobrefacturación por 15 millones de dólares en la compra de medicamentos por el Seguro Social, que en mayo implicó el arresto de directivos de esa institución y del Banco de Guatemala.

Tras la votación en el Congreso, la gente no dejaba de agitar banderas afuera del Congreso y, al contrario de los insultos que algunos diputados recibieron antes de la sesión, fueron abrazados mientras abandonaban el recinto.

Previo a la votación simpatizantes de Pérez Molina bloquearon el acceso de los legisladores al Congreso y exigieron la nacionalización de la energía. En respuesta, decenas de personas hicieron una valla para proteger y permitir el ingreso de los diputados al recinto.

La oficina de la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, llamó a todos los involucrados a comprometerse de manera constructiva al fortalecimiento de la democracia y la justicia para garantizar un proceso electoral abierto, en paz y en fecha, de acuerdo con la Constitución.

Información y fotos La Jornada.

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