Congreso de Morelos cambia leyes para encubrir a Ramírez, alertan

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Uno de los proyectos más cuestionados de la administración de Graco Ramírez es la nueva sede del Congreso de Morelos, inaugurada el pasado 28 de febrero, pese a estar inconclusa. Más de cuatro meses después, sólo funcionan el salón de plenos y las oficinas de administración y finanzas.

Cuernavaca, Mor. Después de su derrota electoral, los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sus aliados, que son mayoría en la 53 Legislatura estatal, han aprobado en las recientes sesiones ordinarias una serie de reformas para proteger al gobernador saliente, Graco Ramírez.

En entrevista, los diputados Efraín Esaú Mondragón Corrales, del Partido Encuentro Social (PES), y Jesús Escamilla, del Partido Humanista, señalaron lo anterior y agregaron que esos legisladores ‘‘siempre han servido’’ al mandatario estatal y a su hijastro y ex candidato perredista a la gubernatura, Rodrigo Gayosso.

Afirmaron que, ‘‘en lo oscurito’’ y de manera expedita, reformaron la Constitución local para aumentar de tres a cinco el número de comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, con la finalidad de controlar qué pueden dar a conocer los entes públicos.

Aprobaron también que el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara (propuesto por Graco Ramírez en una terna que envió al Congreso en febrero) designe al nuevo fiscal anticorrupción del estado, que investigaría las irregularidades en la gestión de Ramírez.

‘‘Un fiscal general a modo y un fiscal anticorrupción que le sirva al gobernador’’, reprochó Mondragón Corrales. Agregó que correspondería a la sociedad civil y a los diputados locales designar al titular de la Fiscalía Especializada para el Combate de los Hechos de Corrupción.

Otra modificación expedita y subrepticia realizada por la mayoría perredista y sus aliados fue otorgar autonomía financiera a la fiscalía estatal, cuyo titular duraría nueve años en el cargo, según se estipula en las reformas aprobadas en diciembre pasado.

Para ello, de acuerdo con el diputado del PES, los legisladores –cuyo periodo concluye el último día de agosto– reformaron el presupuesto de egresos 2018 e incrementaron la partida para esa dependencia de 370 a 784 millones de pesos.

‘‘Todo lo que están aprobando de manera desesperada los legisladores está amañado’’, sentenció el legislador Efraín Esaú Mondragón Corrales.

Los inconformes revelaron también que los legisladores que ‘‘sirven a Graco Ramírez’’ pretenden designar dos magistrados para el sistema de justicia administrativa que trabajaría con la fiscalía anticorrupción para investigar y castigar a servidores públicos que hayan desviado recursos públicos.

El legislador del PES afirmó que el mandatario perredista y la vicepresidenta del Congreso, Hortensia Figueroa, de manera ‘‘cínica’’ intentan designar magistrado al esposo de la diputada, Roberto Soto Castor, y a ‘‘otro incondicional del gobernador’’.

Según Mondragón Corrales y Escamilla, esto podría impedir que los actos de corrupción cometidos en la presente administración estatal sean investigados y castigados.

Además, los diputados perredistas –ninguno de los cuales pudo relegirse ni ganó un escaño en el Congreso de la Unión– ‘‘desaparecieron’’ fondos y fideicomisos estatales.

Mondragón Corrales consideró que esta medida tendría la finalidad de que ‘‘el gobernador tome los recursos de esos fondos y los canalice a otras partidas donde haya faltantes para cubrir desvíos en las auditorías que anunció el gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco.

‘‘Antes de irse, el gobernador y los diputados quieren maquillar las finanzas públicas. Están haciendo todo esto porque hay un quebranto financiero enorme’’, subrayó Mondragón Corrales.

Detalló que los fideicomisos que extinguieron los diputados son el de Turismo (Fitur), el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, el Fondo para Atención de la Infraestructura Municipal, el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y el Fondo del Programa de Inversión Pública Estatal.

‘‘Los diputados locales del PRD y sus paleros han aprobado todo para tratar de comprar impunidad al gobernador, para evitar que este corrupto vaya a la cárcel por tantos actos ilícitos que se cometieron en su gestión’’, deploró.

La sesión legislativa más reciente empezó la noche del sábado y concluyó la madrugada del domingo, en un recinto inconcluso y que no funciona por completo.

Los legisladores afines a Graco Ramírez aprobaron jubilaciones para el secretario de Hacienda estatal, Jorge Michel Luna; la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez; el ex director del Instituto de Educación Básica de Estado de Morelos, Fernando Pacheco; el ex director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, Francisco Velázquez Adán, y Anahí Bahena López, esposa del secretario de Gobierno, Ángel Colín, entre otros.

Además, los diputados del PRD y sus aliados modificaron los requisitos para que pueda ser modificada la Constitución. A partir de ahora, los ayuntamientos tendrán que manifestarse a favor o en contra.

Antes de la reforma al artículo 147 existía la afirmativa ficta; ahora los cabildos deberán aprobar los cambios constitucionales; de otra forma, no serán válidos.

En dicha sesión no se leyeron los dictámenes completos de las reformas ni de las jubilaciones, y a los diputados de oposición ni siquiera les permitieron revisar las cuentas públicas del gobierno.

Efraín Esaú Mondragón subrayó que todo lo que están aprobado los diputados puede echarse abajo en la siguiente legislatura, donde Morena, PES y el Partido del Trabajo, serán mayoría, pero ello ‘‘desgastará y quitará mucho tiempo a la administración de Cuauhtémoc Blanco’’, que se iniciará el primero de octubre.

Información La Jornada.

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