Economía moral

Julio Boltvinik

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La Constitución de la República (CPEUM, artícuo 127, fracciones I y II) determina, como lo señalé en la entrega del 20 de julio, que ningún servidor público podrá recibir remuneración (que define como toda percepción en efectivo o en especie) mayor a la establecida para el Presidente de la República. La superficial y errónea (porque sólo toma en cuenta las percepciones en efectivo) avalancha de notas en los medios apuntando que tal o cual servidor público percibe ingresos superiores a este tope constitucional, debiera detenerse. Los reporteros y los directivos de los medios tienen que asumir su responsabilidad con la verdad. Andrés Manuel López Obrador anunció que su percepción en efectivo sería de 108 mil pesos, 37.8 por ciento de lo que, en efectivo, percibe Enrique Peña Nieto.

También señalé que las percepciones constitucionales (efectivo más especie) de EPN deben ser, por lo menos, 500 mil pesos. Añadí que los ingresos presidenciales de AMLO serán iguales a la suma de los 108 mil pesos más lo que perciba en especie. Los de los senadores y diputados, magistrados, consejeros del Instituto Nacional Electoral, los secretarios de Estado y embajadores, entre otros, sólo serán comparables con los del Presidente si en todos los casos se calcula, de la manera más precisa posible, la suma de sus ingresos en efectivo y en especie. En el caso de los embajadores, las percepciones tendrían que compararse en dólares de paridades de poder adquisitivo (ppa), para tomar en cuenta el diferente costo de la vida entre países. Todos los servidores públicos de alto nivel reciben prestaciones en especie (vehículo y chofer son de los más generalizados), y muchos de los alimentos de los funcionarios son cubiertos por la dependencia, pero sólo el jefe del Ejecutivo y los embajadores viven en una casa oficial con todos los servicios y el equipamiento. En el caso de los mandatarios es probable que la mayor parte de lo que requiere, él y sus familiares sea cubierto por el presupuesto de la Presidencia, pero parece depender del gobernante.

¿A cuánto equivale la renta imputada de la vivienda (y el valor de los servicios de electricidad, telefonía, Internet, televisión de paga y gas) que tienen los presidentes en Los Pinos? Ciertamente tiene que ser una cifra de seis dígitos. Añádanse los gastos de alimentación, bebidas y transporte de él y todos sus familiares. Para tener una idea de lo que estos rubros (que integran sin duda la remuneración presidencial en especie) he elaborado la gráfica que presenta la estructura del gasto (monetario y no monetario, o en especie) de los hogares del país en 2014. En el conjunto de los 31.7 millones de hogares de México, las erogaciones efectuadas (en especie y en efectivo) en los rubros I, II y III (alimentación, vivienda –incluida la renta imputada de la residencia propia–, transporte y comunicaciones) ascienden a 62.2 por ciento del gasto total (en efectivo y en especie); en los hogares del decil nueve son una proporción casi igual (62.9 por ciento) y en el los del rango 10 son un poco menores: 54 por ciento. Si se agregaran algunos rubros en los que no hay claridad sobre si el gasto lo cubre el presidente de su bolsillo o si los cubre la Presidencia (vestido y calzado; educación y esparcimiento, gastos médicos), la suma estaría alrededor de 75 por ciento en los tres conjuntos de hogares. Con estos datos se puede hacer el cálculo siguiente.

Si la estructura de gasto (en efectivo y en especie) fuese similar a la del decil 9, los ingresos de 286 mil pesos mensuales (que deben cubrir sólo 37.1 por ciento o 22 por ciento de los requerimientos de la familia del Presidente, según la opción de cobertura elegida) serían equivalentes a percibir un ingreso de 771 mil o de 1.3 millones de pesos mensuales, y cubrir todo con gastos de bolsillo. Las equivalencias serían más bajas en el decil 10 (621 mil o 1.095 millones) y muy similares en el conjunto de hogares (757 mil o 1.2 millones). Con estas estructuras de gastos en la sociedad, si AMLO conservara sólo las prestaciones en especie para alimentación, vivienda y transporte-comunicaciones, los 108 mil equivaldrían a remuneraciones totales alternativas en efectivo de 291 mil con la estructura de gasto del decil 9, o 235 mil con la del decil 10. Lo presentado es un cálculo muy preliminar que debería detallarse y basarse en cifras del gasto efectivamente realizado para la familia presidencial en los rubros de la gráfica (y otros que fuesen pertinentes). Si no se hace así, habrá remuneraciones arbitrariamente bajas para los servidores públicos, que podrían generar empobrecimientos inexplicables de muchos y hacer muy difícil el reclutamiento de los cuadros técnicos requeridos en un gobierno que se propone lograr la cuarta transformación nacional.

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