Emergencia salarial [Editorial La Jornada]

Emergencia salarial [Editorial La Jornada]

En una conferencia de prensa conjunta ofrecida ayer, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, y el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Basilio González, acompañados por los dirigentes de las cúpulas empresariales, informaron sobre la unificación del salario mínimo en todo el país y que a partir del mes próximo la percepción básica se incrementará en un peso con 82 centavos para quedar en 70.10 pesos diarios. Navarrete Prida aseguró que lo anterior significa una recuperación y ensalzó el trabajo de la Conasami por esforzarse tanto en su trabajo para lograr la mejoría de los salarios.

El optimismo del funcionario parece injustificado si se coteja con el hecho de que quienes perciben el salario mínimo se encuentran, de acuerdo con todos los criterios aplicables, en situación de extrema pobreza: un ingreso medio mensual de 2 mil 103 pesos es a todas luces insuficiente para cubrir las necesidades de una persona, y no se diga de una familia.

Por añadidura, el salario mínimo establecido es manifiestamente anticonstitucional. Cabe citar lo que señala la Carta Magna en su artículo 123, sección a, inciso VI, al respecto: Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Un argumento tradicional del poder político y de los voceros empresariales para justificar esta circunstancia inadmisible es que son muy pocos los trabajadores que ganan el salario mínimo, que es una mera referencia y que la mayoría recibe ingresos superiores. Tal alegato es doblemente falso: por un lado, las estadísticas oficiales refieren que hay más de 750 mil empleados con ese nivel salarial; por el otro, el monto promedio de los sueldos –los mínimos y los no tanto– en el país es desoladoramente bajo, y para demostrarlo basta con compararlos con los ingresos en otras naciones.

El minisalario en México equivale a 20 por ciento del que rige en Argentina, menos de 40 por ciento del correspondiente a los de Brasil, Uruguay y Paraguay, 70 por ciento del boliviano, 45 por ciento del de Colombia, 30 por ciento del chileno, 20 por ciento del venezolano, 30 por ciento del costarricense, y es menor a los vigentes en cualquier nación centroamericana. En esta materia nuestro país se encuentra en niveles semejantes a los de Nigeria, Mauricio, Kazajstán, Indonesia y Botsuana. Si se compara con los salarios mínimos promedio vigentes en las entidades fronterizas de Estados Unidos (California, Arizona, Nuevo México y Texas), los nacionales son 15 veces inferiores a los del otro lado del río Bravo (4.13 dólares versus 63.6 dólares).

En cuanto a promedio de ingresos, el sitio about.com indica que, consideradas las diferencias en los precios de las respectivas canastas básicas, un contador mexicano recibe, en promedio, 9.94 dólares por hora, frente a los 9.97 que gana un colega suyo en Colombia, 10.53 en Chile, 14.64 en España, 23.31 en Estados Unidos y 23.82 en Argentina; un maestro mexicano gana 4.36 dólares, mientras en Brasil se le pagan 6.72, en Chile 10.09, en Estados Unidos 13.85, en Argentina 16.74 y en España 18.49.

Este panorama de desastre, que deriva de tres décadas de políticas de contención salarial a toda costa con la justificación de combatir la inflación, no sólo se ha traducido en un drama social intolerable y peligroso, sino que lastra negativamente el conjunto de la economía, por cuanto condena al mercado interno a una permanente depresión. A la larga, la devaluación deliberada de los salarios conlleva a una devaluación de la población en sí misma y coloca en el terreno del absurdo cualquier intento de disminuir la pobreza y los contrastes sociales. Debe reconocerse, por ello, que México está en una situación de emergencia salarial, que las actuales políticas en la materia resultan insostenibles y que es imperativo desechar el marco neoliberal del que son parte, así como emprender una estrategia de rescate de los asalariados.

Fuente: La Jornada.

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