Los abusos de los Bours, al amparo del poder político y económico

Eduardo Bours Castelo, el jefe del clan, en conferencia de prensa cuando aún era gobernador de Sonora, en Palacio de Gobierno.

Eduardo Bours Castelo, el jefe del clan, en conferencia de prensa cuando aún era gobernador de Sonora, en Palacio de Gobierno.

La familia Bours es sinónimo de concentración del poder en el estado de Sonora. Tanto del político como del económico. Sus integrantes, los hermanos Eduardo, Ricardo, Rodrigo y Javier Bours Castelo están en el centro del poder y los negocios.

Eduardo fue senador y gobernador del estado; Ricardo fue presidente del municipio de Cajeme y aspira a ser gobernador; Rodrigo fue candidato a alcalde en el mismo municipio, mientras que Javier es el operador financiero más visible del clan.

Los Bours tienen su base territorial de dominio en el sur del estado de Sonora, en el municipio de Cajeme. Desde allí operan su red de contactos políticos y el apoyo económico que los sostiene.

Muchas veces han estado en el centro de la polémica. Así ha sucedido desde la gestión de Eduardo como gobernador del estado o con el incendio de la Guardería ABC. Con Rodrigo insistiendo en acceder al poder por la vía independiente y Javier sorteando las acusaciones de posible evasión fiscal por 30 mil millones de pesos en tratos que habría pactado para vender Megacable a Grupo Televisa (https://bit.ly/2z3G46X). Y más recientemente, con la solicitud de revisión a posibles prácticas monopólicas por parte de Industrias Bachoco, con presencia importante en el mercado de pollo procesado y huevo.

El tema de acaparamiento del mercado avícola por parte de la familia Bours volvió a surgir el pasado 7 de enero durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando Nancy Rodríguez, reportera del medio Oro sólido en redes, preguntó sobre el tema de los monopolios criminales en lo que respecta a la venta, distribución y comercialización de huevo y pollo.

En su pregunta, la reportera mencionó que se había castigado a la empresa Bachoco, propiedad de la familia Bours de Sonora, por prácticas monopólicas. Pero las sanciones no habían surtido ningún efecto y los precios de esos productos han seguido a la alza, en perjuicio de muchos ciudadanos, incluso niños, que han dejado de consumir esos alimentos (https://bit.ly/2S5ffdX).

López Obrador le respondió que turnaba el caso a la Secretaría de Economía para dar seguimiento a su inquietud y se pronunció directamente en contra de los monopolios.

Industrias Bachoco ya fue sancionada en el pasado en dos ocasiones, con multas que superan los 3 millones de pesos.

La acusación que se hace contra Bachoco es que para asegurar una mayor participación en el mercado del pollo y el huevo habría simulado un brote de gripe aviar, provocando la disminución del producto y, por tanto, su encarecimiento, dejando a la empresa familiar de los Bours con acceso a una mayor tajada del segmento de ventas.

Algunos columnistas y medios de comunicación en su momento calificaron esa práctica de perversa y como la trampa de Bachoco.

“Con el paso de los días –señaló un analista– han comenzado a crecer sospechas sobre lo que podría haber atrás de este oportuno brote de gripe aviar para una empresa que suele incurrir en prácticas monopólicas en detrimento de los consumidores de pollo y huevo en el país.

“No debe olvidarse que han sido sancionados en un par de ocasiones por la Comisión Federal de Competencia Económica acusándolos no sólo de colusión, sino de otras prácticas en contra de la dependencia.

“También es importante destacar que productores de Estados Unidos se han quejado de las medidas ante la competencia implementadas por Bachoco, puesto que ha solicitado acciones que evitan, en los hechos, que los consumidores mexicanos puedan tener piezas de pollo a menores precios de los que son vendidas por una empresa de tintes netamente monopólicos.

De confirmarse estas acusaciones en contra de la empresa de la familia Bours, estaríamos ante hechos que intentan encarecer productos básicos de alimentación, privando a los más vulnerables de su consumo, sólo con el fin de obtener ganancias económicas.(https://bit.ly/2FLJelz)

Recurrencia en conductas de evasión

Otro asunto delicado es el de Magcable, en el que podría configurarse un caso de evasión fiscal.

Aunque Javier Bours representa la cara de Megacable, los demás hermanos están al tanto de la operación y participan en la toma de decisiones. Presumiblemente, las estrategias de evasión fiscal no son nuevas para los Bours, son parte del modus operandi de su poderoso grupo empresarial.

Se sabe que existe una investigación conjunta del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (en la actualidad Fiscalía General de la República) en contra del Grupo Bours por la posible comisión de los delitos de defraudación fiscal.

Por este asunto está en prisión Roberto Rendón López, quien fuera director financiero del grupo. En varios amparos ha denunciado que todo el esquema financiero de operaciones simuladas para evadir impuestos al fisco abriendo cuentas en el extranjero fue orquestado directamente por los hermanos Javier, Eduardo, Ricardo y Rodrigo Bours Castelo.

El asunto se encuentra actualmente en la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo de Carlos Romero Aranda, quien deberá analizar las denuncias de tráfico de influencias en contra de la familia Bours para evitar el pago de miles de millones de pesos en sus diferentes empresas, que por ley deben de ser entregados al gobierno federal.

La PGR abrió la carpeta de investigación CI 2243/18 derivada de una denuncia presentada por el mismo ex directivo del Grupo Bours, Roberto Rendón López, en contra de Francisco Javier Bours Castelo, José Gerardo, José Rodrigo y Ricardo, todos de apellidos Robinson Bours Castelo, así como de Arturo y Jose Francisco, ambos de apellidos Bours Griffith, por los delitos de asociación delictuosa, falsificación de documentos, fraude, falsedad de declaraciones judiciales y provocación de un delito.

La demanda de Rendón López respondió a que en febrero del año pasado el juzgado séptimo de distrito le dictó auto de formal prisión por defraudación fiscal por 154 millones de pesos, por presuntamente no haber realizado el pago del impuesto sobre la renta en 2009. Como resultado de esta acusación está recluido en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Obregón.

Sin embargo, según Rendón López, los imputados suplantaron su identidad al utilizar su firma electrónica en 2017 y principios de 2018, ello pese a que ya se encontraba recluido.

Su firma electrónica fue utilizada sin su consentimiento para realizar varios trámites ante el SAT, al ser señalado como accionista y apoderado de 14 empresas propiedad de la familia Robinson Bours, incluso en Colombia, Honduras, El Salvador, Suiza, Panamá y Guatemala.

De acuerdo con Roberto Rendón López, en por lo menos otras 13 empresas del grupo se ha operado el mismo esquema de transacción durante varios años, lo que significaría un quebranto muy considerable en contra del fisco federal.

La indagatoria constituye una prueba de fuego para las autoridades judiciales y hacendarias actuales. Éstas deberán aplicar la ley estrictamente para no dejar inconsistencias. Así se dejaría establecido que en esta administración el poder económico de familias como los Bours de Sonora, no está por encima de la ley.

Información La Jornada.

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