Madre y ex colaboradora de Borge, prófugas

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, es escoltado por policías de Panamá tras ser detenido cuando intentaba abordar un vuelo hacia París, en imagen del 6 de junio pasado. Foto: Afp.

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, es escoltado por policías de Panamá tras ser detenido cuando intentaba abordar un vuelo hacia París, en imagen del 6 de junio pasado. Foto: Afp.

Chetumal, QR. La Fiscalía General del Estado (FGE) busca a la madre del ex gobernador Roberto Borge Angulo, María Rosa Yolanda Angulo, y a Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio de la Administración Estatal (IPAE).

La dependencia solicitó la cooperación de los ciudadanos para aprehenderlas, pues quedaron sin efecto los amparos que ambas obtuvieron ante el juzgado séptimo de distrito en materia penal de la Ciudad de México.

A Yolanda Angulo la Procuraduría General de la República (PGR) y la FGE la acusan de ser prestanombres del ex mandatario; Romanillos Villanueva habría participado en el remate ilegal de propiedades estatales a precios simbólicos, en beneficio de amigos y familiares de Borge Angulo.

Hace unos meses a la madre del ex mandatario, preso en un penal federal de Morelos, le fueron embargadas 22 propiedades que estaban a su nombre y que pertenecían al patrimonio estatal. Yolanda Angulo desapareció de Cozumel cuando comenzaron las investigaciones en su contra y se desconoce su paradero.

Por otra parte, la fiscalía estatal informó que un juez determinó vincular a proceso a Gina Patricia Ortiz Blanco, también ex directora del IPAE, por el delito de peculado, y le impuso las siguientes medidas cautelares: acudir a firma cada 15 días, no abandonar el estado y garantía económica de 200 mil pesos; asimismo, se mantiene el embargo de 11 inmuebles.

A la fecha, amigos, funcionarios y familiares del priísta Roberto Borge Angulo son investigados a raíz de las irregularidades perpetradas en su administración, entre ellas el desfalco de más de 30 mil millones de pesos del erario de Quintana Roo, el saqueo de 11 por ciento de la reserva territorial del estado para entregarla a conocidos, el despojo de hoteles a sus dueños, amenazas contra empresarios, desvío de recursos mediante una red de funcionarios y prestanombres y la concesión de permisos a navieras y a taxis, lo que derivó en carpetas de investigación federales y estatales por abuso de poder, peculado y nepotismo.

Información La Jornada.

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