Reprime la policía de Buenos Aires a decenas de manifestantes

Argentina

Buenos Aires. ¿Dónde está Santiago Maldonado?, fue el grito unánime del multitudinario reclamo, tanto en esta capital como en todo el país, al cumplirse un mes de la desaparición del joven artesano de 28 años cuyo delito fue apoyar una protesta de la comunidad mapuche de Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Esquel, provincia sureña de Jujuy.

La familia del joven pidió la renuncia de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Concluido el acto, mientras se dispersaba la movilización, llegó la infantería de la policía de la ciudad y comenzó a reprimir a grupos musicales que se presentaron en la concentración. Abogados denuncian que se trata de crear incidentes y caos para desacreditar la marcha pacífica.

Al concluir la movilización hubo graves enfrentamientos entre unas 60 personas, la infantería de la policía de Buenos Aires y civiles de esa institución, que dejaron varios heridos y detenidos. Esto se originó cuando la policía comenzó a desalojar la plaza disparando balas y gas pimienta. Un grupo de encapuchados lanzó piedras contra el doble cordón policial. Los organizadores de la marcha estaban cuidando especialmente que no hubiera ningún incidente, sospechando posibles provocaciones.

También en el sur, en El Bolsón en Chubut, un grupo aparentemente de manifestantes, algunos disfrazados de mapuches, atacaron de la misma forma la sede del Escuadrón de Gendarmería.

En la Plaza de Mayo

El multitudinario acto se realizó en la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde en 1977 aparecieron las madres solas, con sus pañuelos blancos, desafiando a la dictadura cívico-militar de entonces (1976-1983), buscando a sus hijos desaparecidos, preguntando dónde están, y convirtiéndose en símbolo mundial del amor y la lucha.

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, representantes de organismos de derechos humanos, como la Liga por los Derechos del Hombre; Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980, y organizaciones sindicales y gremiales acompañaron a Sergio Maldonado, hermano de Santiago –quien fue el orador central en el acto–, donde estaba su familia.

Las columnas que marcharon pertenecían a más de 200 organizaciones de todo tipo: vecinales, actores, artistas, escritores y miles de independientes, en una de las concentraciones más plurales que sólo puede compararse con lo que se movilizó cuando la Corte Suprema de Justicia resolvió imponer el dos por uno en la justicia, lo que permitiría salir a los detenidos por crímenes de lesa humanidad.

Santiago Maldonado fue visto por última vez el primero de agosto, durante la represión a la comunidad mapuche, cuando bloqueaban un camino, en protesta por la detención injusta de su lonko (jefe) Facundo Jones Huala y por el derecho a permanecer en las tierras que les pertenecen.

Los videos presentados como pruebas muestran el avance de gendarmes que después de despejar la ruta corren a la orden de fuego, fuego, disparando balas de goma y, se sabe, munición viva. Manifestantes que se guarecieron entre los árboles y tirándose a un río fueron los primeros en denunciar que el joven fue detenido y llevado en una camioneta de la gendarmería.

Estaba en el lugar de los hechos el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, Pablo Nocetti, ex defensor de detenidos por delitos de lesa humanidad. La ministra no sólo se levantó de la reunión con los organismos de derechos humanos que llegaron para pedirle una respuesta que no dio.

El ministerio comenzó operaciones con los medios de comunicación locales para confundir a la población, mientras negaba en principio la acción de la gendarmería. Un mes después la versión oficial es que el pasado 21 de julio fue apuñalado por un cuidador de una estancia de la zona atacado por los supuestos terroristas mapuches, lo que, se demostró, es falso.

Bajo las consignas Aparición con vida y El Estado es responsable, organismos y manifestantes, así como las agrupaciones que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, escucharon al hermano de Santiago, quien denunció que el Estado sigue en silencio frente a la desaparición y siembra de pistas falsas con los medios de comunicación que le son afines. La víctima y sus familiares son objeto de una investigación que se ha prestado a maltratos por jueces a cargo.

Voy a tener que presentar la partida de nacimiento de Santiago y mostrarles que existe, que no es un invento, porque todos los días hay algo nuevo. Me da vergüenza ajena lo que hacen, parece que en vez de seguridad te trasmiten inseguridad, dijo Sergio Maldonado, quien pidió la renuncia de la ministra Bullrich, a lo que la multitud respondió: Que se vaya, que se vaya. También hubo marchas importantes en Mar del Plata, Mendoza y otras provincias.

Desde España y otros países se ha pedido justicia en el caso y el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ya exigió al gobierno del presidente Mauricio Macri que adopte medidas sobre el tema.

No se respeta fallo: Sala

Desde Jujuy, la dirigente social Milagro Sala, quien cumple prisión domiciliaria en una casa de la localidad El Carmen, denunció que no se está respetando la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aseguró que su reclusión en esa vivienda no es una (prisión) domiciliaria y que la justicia no respetó “la resolución que el 28 de julio solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva que sufría la líder de la organización Tupac Amaru, quien estaba en la cárcel de Alto Comedero.

Ahora aquí tengo un camión grandísimo de la Gendarmería. También está la policía de la provincia, tengo cámaras que rodean toda la casa, micrófonos. Esto no es una domiciliaria, no puedo creer que no respeten la resolución, aseveró a una radiodifusora.

Añadió que la casa donde está se transformó en cárcel y que a las nueve de la mañana, cuando hay relevo de guardia, tengo que salir al balcón para decirles que estoy. Y se preguntó: ¿Para qué tengo pulsera?, en referencia al dispositivo electrónico de control que le pusieron.

Por otra parte, ya son 11 los allanamientos realizados por la policía en Córdoba a distintas sedes de organizaciones sociales y políticas, mientras el gobierno intenta hacer creer que se está enfrentando una supuesta conspiración y hay denuncias de que el mismo Ministerio de Justicia prepara ataques o presuntos atentados para justificar la represión, dentro de los acuerdos de seguridad firmados con Estados Unidos.

Información La Jornada.

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