SNA pide a Peña nombrar procurador de transición

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Jacqueline Peschard, titular del Comité de Participación Ciudadana del SNA, durante una mesa sobre democracia organizada por la FCPS de la UNAM. Foto: Cristina Rodríguez / archivo.

Ante la crisis institucional desatada en torno a la designación del Fiscal General de la República, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción remitió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, en la que señalan que ante la necesidad evitar que se agudicen las diferencias en el Congreso es pertinente “nombrar un Procurador General de la República de transición y de consenso, que con el mismo carácter se convierta en Fiscal General”.

En el documento firmado por los cinco comisionados, encabezado por su presidenta, Jaqueline Peschard, el CPC solicitó al Presidente que “en el período de transición que al efecto se establezca, redefinir el marco constitucional de la Fiscalía General de la República, considerando las propuestas  de los diversos actores y grupos sociales”.

La misiva dirigida también al presidente de la Mesa directiva del Senado, señala que México necesita de entendimientos viables que fortalezcan el estado de Derecho y protejan las instituciones públicas. “Es nuestro interés que las anteriores propuestas cumplan con esa finalidad”, acota el CPC.

En sus consideraciones para proponer esta ruta de salida, el CPC señala que “es un hecho público que la idoneidad del actual Procurador General de la República para ocupar el cargo de Fiscal General de la República, ha sido duramente cuestionada por múltiples actores y grupos sociales, y ha provocado el encono entre diputados y senadores de diversos partidos políticos”.

Esta situación se ha agravado con la situación que prevalece en el Congreso , lo cual ha desatado “una crisis indeseable en México”, que requiere pugnar por acuerdos estructurales que “aseguren la civilidad política” en el proceso electoral que inicia este viernes.

“Los ciudadanos debemos contar con la seguridad de que el poder público satisfaga los estándares constitucionales para la persecución de delitos, la impartición de justicia y el combate a la corrupción. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción asume la responsabilidad de que ello se logre”.

Fuente: La Jornada.

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