Tres injusticias en Morelia [Editorial El Universal]

Tres injusticias en Morelia [Editorial El Universal]

El 15 de septiembre de 2008 en Morelia fueron arrojadas varias granadas hacia la multitud que celebraba la independencia de México. Murieron ocho personas y más de 100 quedaron heridas. A siete años de aquella tragedia otras dos injusticias se acumularon: las víctimas siguen sin recibir la ayuda prometida y se arrebató años de vida a cuatro personas a quienes la PGR se esforzó en señalar como culpables.

Hoy en las páginas de este periódico se vierten las palabras de esos dos grupos.

A la mayor parte de los más de 130 heridos y familiares de quienes murieron en los atentados se les ofrecieron apoyos que supuestamente restituirían su vida física y emocional. En realidad no sucedió así y lo que se les otorgó apenas ayudó en su supervivencia en los años siguientes. Fueron familiares y amigos, coinciden, los que de verdad hicieron la diferencia.

Julio César Mondragón Mendoza estuvo en la cárcel siete años aunque no existían pruebas en su contra. Tuvo que probar su inocencia pese a que justamente en 2008 se avaló una enmienda constitucional para que eso ya no ocurriera: “Tuve como 17 testigos que me vieron ahí. Probé que esa noche llamé de mi casa a mis hermanos en San Diego, California. Se pidió a Telmex el registro y en Estados Unidos existe la grabación de esa llamada”. ¿El argumento de la PGR? Testigos protegidos y una confesión arrancada con tortura.

“Los agentes que me arrestaron estaban detenidos desde 2008 en Nayarit y durante cuatro años la PGR alegó que no se presentaban a las audiencias porque los tenía comisionados”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Alfredo Rosas, otro de los cuatro detenidos de forma errónea, dice: “Lo mínimo que puede hacer el Estado mexicano es disculparse públicamente conmigo”.

Cuando fueron liberados, en mayo pasado, el ex presidente Felipe Calderón declaró: “Estas personas hicieron su declaración en pleno goce de sus capacidades y sus garantías constitucionales, la rindieron ante la PGR, refrendaron su declaración ante el juez, eso me parece sorprendente y la justicia tiene criterios cada vez más desconocidos para exonerar a un criminal”.

Los dichos del ex mandatario refuerzan que el argumento de la PGR residía en meras declaraciones. Las de testigos protegidos —esos sí, criminales sentenciados y confesos— y las de los propios acusados, los cuales, de acuerdo con los peritajes del Poder Judicial, fueron torturados antes de declarar.

La desgracia ocurrida el 15 de septiembre de 2008 no ha terminado. Continuará hasta que el Estado repare el daño a las víctimas de los granadazos y compense a quienes arruinó la vida mientras simulaba que iba tras los verdaderos culpables.

Fuente: El Universal.

Shortlink: